Desde hace más de diez años, Rwanda vive una tragedia sin igual en la historia de este país.

En efecto, el primero de Octubre de 1990 soldados del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que vivían hasta entonces en Uganda, atacaron Rwanda haciéndola entrar en un ciclo de violencia sin precedentes. Ciclo de atrocidades que ha llenado de luto a miles de familias, que ha comportado una crisis económica de consecuencias desastrosas para la población, y que ha causado la destrucción de infraestructuras socio-sanitarias, poniendo así a la población superviviente en una desnudez total.

El soporte logístico, político y mediático del cual se ha beneficiado el FPR le ha permitido dirigir una guerra llamada de «liberación» que, a fin de cuentas, se ha convertido en masacres, éxodo de las poblaciones, violaciones, saqueos y destrucción de bienes.

El régimen democrático tan prometido se ha convertido en un sistema político-financiero basado en el favoritismo, el clanismo y el etnismo.

El «buen gobierno»: la gestión del país se resume en el saqueo de los bienes del Estado por un grupo de militares que se han declarado por encima de la ley.

El Estado de derecho, argumento justificativo de la invasión, ha sido reemplazado por un régimen de represión sin igual en Africa.

Los derechos humanos: la violación de los derechos humanos se ha convertido en una práctica cotidiana desde 1990, superando de lejos la del régimen precedente que el FPR había combatido.

En efecto, los artículos 51 y 76 del Protocolo adicional de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de la población civil impone la protección de los niños y las mujeres. Estos artículos han sido violados constantemente por el FPR en Rwanda y actualmente en la República Democrática del Congo.

Los agresores se libran al exterminio de las poblaciones civiles en el país o los territorios ocupados con un método de «limpieza», término utilizado por ellos y que conduce directamente a crímenes contra la humanidad. En las regiones vaciadas de sus poblaciones locales, los ocupantes despliegan a las poblaciones tutsis que vienen de otros países o dejan las colinas sin ocupantes para convertirlas en pastos.

Habiendo sido el FPR el primero en hablar de depuración étnica, ¿cómo califica esta práctica de guerra que diezma a familias enteras? ¿Cómo puede, la comunidad internacional, justificar las maniobras criminales del FPR? Puede continuar ignorando a los representantes de la sociedad civil interna y de la diáspora congoleña, burundesa y ruandesa que reivindican la protección de la población y el respeto de sus derechos? ¿Hasta cuando se callarán los testimonios de estos crímenes? ¿Existen pueblos que no tienen derecho a la justicia? ¿Quién se reconoce el derecho de decretar esta injusticia?…Seguir leyendo