En las elecciones catalanas pasadas, las candidaturas partidarias del Sí a la independencia obtuvieron el 47,7% de los votos; las candidaturas partidarias del No sumaron el 39,1%, y las favorables a la celebración de un referéndum, sin concretar si votarían Sí o No, obtuvieron un 11,4% de los votos. Fue, por tanto, una amplia victoria del Sí sobre el No, reforzada por una mayoría absoluta parlamentaria de 72 escaños que permite, a los partidarios del Sí, iniciar el proceso soberanista. En todo el mundo se han leído así los resultados electorales, excepto en España, donde los medios de comunicación y partidos políticos lo han presentado como una derrota estrepitosa del soberanismo y de Mas en particular. Es un intento desesperado, uno más, de esconder la realidad y de engañar al pueblo español presentando el proceso como la obsesión de un mal gobernante corrupto y de unos medios de comunicación catalanes manipuladores. 

En esta línea, ha articulado la respuesta el Gobierno de Mariano Rajoy al afirmar que el Sí ha perdido y, además, en promover la imputación del presidente, la vicepresidenta y la consejera de Educación de la Generalitat por su participación en la consulta celebrada el 9 de noviembre. La instrumentalización de la Justicia por parte del Gobierno español es evidente por cuanto el ministro de Justicia admitió su control sobre esta causa judicial al declarar que se había pospuesto la imputación para no interferir en la campaña electoral. Debemos pensar que si el Gobierno hubiera interpretado que esta imputación perjudicaba electoralmente a la candidatura de Mas, el Tribunal la habría citado en plena campaña, tal como hizo la policía con el espectacular registro televisado en la sede de Convergencia justo al iniciar la campaña electoral. Se trata, por tanto, de una imputación política, impulsada por la Fiscalía General del Estado, después de que la Junta de fiscales de Cataluña, por unanimidad, rechazara esta imputación.

Para más ofensa, citan el presidente el mismo día que se conmemora el fusilamiento del presidente Lluís Companys en manos del ejército franquista. La imputación adquiere toda una carga simbólica; toda una provocación que se hubiera podido evitar, a menos que busquen, intencionadamente, que se compare el proceso con una época histórica de violenta represión política.

Pero, en la ceguera de los gobernantes españoles, parece que no les preocupa el incremento vertiginoso de los partidarios de la independencia de Cataluña. Ni valoran ni se preguntan por qué una parte tan significativa de ciudadanos ha optado por querer abandonar España. Para ellos, lo que ahora importa es ganar tiempo hasta las elecciones generales y demostrar firmeza y contundencia para presentarse como los más grandes defensores de la unidad de España. Este será el punto principal de la campaña electoral que ya ha comenzado: PP, PSOE y Ciudadanos se probarán a ver quién defiende la bandera más grande. Y la medida es la virulencia de los ataques a Mas, en quien personifican todos los males del soberanismo. Tumbando a Mas, quieren creer que detendrán al independentismo. Cuan equivocados están!

El problema es que esta espiral de declaraciones grandilocuentes dificulta, cada día más, las reformas necesarias para modernizar un Estado que se ha convertido en un instrumento político inservible para encajar las diferentes realidades nacionales. El ideal de España que han inculcado a los españoles no les permite retroceder lo más mínimo. Quien lo haga, lo pagará en las urnas. Por eso intentarán seguir ignorando la realidad social de Cataluña, hasta que los organismos internacionales obliguen al Estado español a negociar su segregación.