El juez federal Anthony Trenga ordenó a una cárcel de Alexandria, Virginia, que pusiera en libertad a la denunciante del ejército de Estados Unidos Chelsea Manning. La orden se produjo después de que el gran jurado que investiga a WikiLeaks desestimase el caso.

Manning fue confinada durante 365 dias o un año despues de ser detenida por desacato civil porque se negó a testificar ante un gran jurado encargado de investigar a WikiLeaks. Ella intento suicidarse el 11 de marzo.

Durante su tiempo en la carcel, Manning acumuló 256.000 dolares en multas. Se enfrentó a una multa de 500 dólares por día durante 30 días. Que aumentó a 1.000 dólares por día hasta que fue liberada.

Trenga se negó a retirar estas multas. Ella aun deberá mas de un cuarto de millon de dolares.

En agosto, Trenga dictaminó: «Manning tiene la capacidad de cumplir con las sanciones financieras de la corte o la tendrá después de que salga de su confinamiento». Por lo tanto, las multas impuestas de 500 dólares por día después de 30 días y de 1.000 dólares por día después de 60 días no son tan excesivas como para eximirla de esas sanciones o para constituir un castigo en lugar de una medida coercitiva».

El equipo legal de Manning desafió a la corte. «No tiene ahorros personales, tiene una incierta carrera de locutora que se ha detenido abruptamente por su encarcelamiento, y está trasladando sus pocas pertenencias a un almacén, ya que no puede pagar el alquiler».

Además, según su equipo legal, Manning intentó compartir sus registros financieros con el tribunal federal en un esfuerzo por demostrar que tiene deudas y una «capacidad de ingresos en peligro», lo que ha «dejado sus cuentas cerca de cero». Pero el tribunal aparentemente nunca completó una evaluación financiera de su capacidad para pagar las multas.

Mientras Manning estaba en la cárcel, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, condenó [PDF] las «medidas coercitivas» del gobierno de Estados Unidos contra Manning.

Melzer sugirió que las autoridades infligieron intencionalmente «sufrimientos mentales y emocionales progresivamente graves con fines de coacción e intimidación por orden de las autoridades judiciales», lo que agravó los síntomas postraumáticos y otros problemas de salud mental y física de Manning, que sigue experimentando como resultado de los abusos anteriores que sufrió cuando fue encarcelada por haber entregado documentos a WikiLeaks.

«Llego a la conclusión de que esa privación de libertad no constituye una sanción circunscrita a un delito específico, sino una medida de coerción abierta y progresivamente severa que cumple todos los elementos constitutivos de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», declaró Melzer.

Era la segunda vez en los últimos diez años que un funcionario de la ONU condenaba el «trato cruel, inhumano o degradante» del gobierno de Estados Unidos contra Manning.

Fuente: Shadowproof