El pasado 22 de julio, la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española falló: «Que debemos absolver y absolvemos libremente a Don Pedro José Alcalde Mayol, a Don Pablo Dols Bover, a Don Rafael Gerardo Oliver Roca y a Don Francisco Javier Collado García del delito continuado de apropiación indebida y del delito continuado de administración desleal de que venían acusados en esta causa…». Era el final, de momento, de un calvario iniciado hace cuatro años en que los acusados han sufrido el embargo preventivo de sus bienes y de sus propios ingresos y de los familiares más directos, el pago de gastos sustanciosos en abogados, además de los gastos en viajes y pernoctaciones en la capital para asistir a las numerosas sesiones del juicio y, lo más grave, han sufrido los titulares periódicos más las imágenes de los exdirectivos de Sa Nostra entrando y saliendo de los juzgados, acusados de apropiación indebida y de administración desleal. La noticia de la sentencia absolutoria fue despachada en un día por los medios que más se habían cebado en ello.
He tenido la ocasión de leer la larga sentencia y he llegado a la conclusión de que la Fiscalía nunca tuvo ninguna prueba para sostener las acusaciones, ni el Juzgado de Instrucción debería haber abierto Juicio oral. Como dice la decisión de la Audiencia Nacional: «Por el contrario, los propios peritos de la acusación declararon en el juicio que no habían advertido indicio alguno de enriquecimiento en los enjuiciados». «El examen de los hechos no arroja prueba ni indicio alguno». Y, a pesar de todo, las acusaciones, y el juez instructor, «sin indicio alguno» persistieron en la tortura infringida a los acusados.
De este caso, quisiera extraer dos conclusiones: la primera, que la quiebra de las Cajas de Ahorro, en la mayoría de casos, no se debió a una mala gestión de los administradores, sino a una operación calculada, aprovechando la crisis financiera mundial, a fin de cargarse el sistema de cajas de ahorro y pasar el negocio a los principales bancos. En palabras de Pau Dols durante el juicio: «lo de Sa Nostra fue un expolio».
En segundo lugar, es necesaria una reflexión profunda sobre las malas praxis de determinados funcionarios de la judicatura. Los ciudadanos tenemos mecanismos para exigir responsabilidades cuando nos sentimos perjudicados por errores profesionales. Podemos denunciar, incluso penalmente, a un arquitecto o a un maestro de obras por errores en la construcción. O podemos denunciar a un médico o a un hospital por un error… y obtendremos una compensación económica y el profesional puede ser sancionado y tal vez inhabilitado para el ejercicio de la profesión. Pero en el caso de los funcionarios judiciales, la impunidad de que disfrutan puede ser el origen de gravísimas injusticias. Porque ni Pau Dols ni Pere Batle ni el resto de acusados no recibirán ninguna compensación por los cuantiosos gastos provocadas por este juicio. Por no hablar del daño inmenso a su imagen y trayectoria profesional. No pueden reclamar a nadie.
Lo más grave es que este no es un caso aislado, sino que hay muchas personas damnificadas por malas praxis judiciales. Sandro Rossell, expresidente del Barça, absuelto tras estar dos años en prisión preventiva. Los dirigentes catalanes condenados y perseguidos por los Tribunales, a pesar de que los tribunales europeos no observan delito en los hechos por los que los acusan… Y, mientras tanto, jueces y fiscales siguen sin asumir responsabilidades por sus errores, demasiadas veces provocados por su fanatismo político. O son premiados, como el ministro Marlaska, al que los tribunales europeos le han anulado media docena de sentencias, algunas por amparar torturas policiales.