Sólo con las dos primeras declaraciones de los presos acusados ​​de rebelión ya quedó en evidencia la instrucción judicial practicada, que ha sido calificada de vodevil por uno de los abogados defensores. La vehemente declaración del vicepresidente Oriol Junqueras destrozó el relato de alzamiento violento, imprescindible para justificar el supuesto delito de rebelión. Junqueras hizo una emotiva proclama pacifista, de defensa de la democracia y de la voluntad popular, que lo llevó a exclamar un «amo a España», que ha provocado la respuesta airada de Casado y de Rivera. Es lo que no quieren entender los salvapatrias, siempre envueltos con la bandera, obsesionados en imponer su España castellana y frustrando todos los intentos históricos de construir un Estado moderno y plural.

La defensa de Joaquim Forn fue mucho más técnica. Con la exhibición de documentos desmontó los informes de la fiscalía y de la policía que tergiversaban hechos y opiniones. Y destrozó el relato que situaba a los Mossos como fuerza armada al servicio de los «golpistas». Todo lo contrario, Forn demostró que precisamente fueron los Mossos quienes cumplieron fielmente la resolución judicial y la Orden de la Secretaría de Estado que ordenaban a las fuerzas de orden público intentar evitar el referéndum, pero sin poner en peligro la convivencia. Y, sin pegar ni una sola vez, los Mossos cerraron el doble de colegios electorales que la Policía Nacional y la Guardia Civil. Será muy interesante seguir la declaración del coronel Pérez de los Cobos, quien fue nombrado coordinador de todo el operativo. ¿Por qué suspendió la primera de las reuniones de coordinación que debían celebrarse el famoso 1 de Octubre? Y, sobre todo, ¿porque ordenó el uso de la violencia a las fuerzas estatales? Este es el punto neurálgico del proceso al Procés.

La fiscalía está obcecada en demostrar que el referéndum fue un alzamiento violento, y que los mossos eran una fuerza armada dispuesta a hacer uso de la fuerza para defender la independencia. La pregunta del fiscal al consejero Forn de si es miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), tampoco es nada inocente ni gratuita. Según los fiscales y la instrucción judicial practicada hasta ahora, la ANC y Òmnium Cultural serían organizaciones criminales que utilizaban a la gente como «murallas humanas» que practicaron la violencia contra las fuerzas de orden público. Viene a ser como si la gente hubiera utilizado la cabeza para golpear a las porras.

Pero quien, involuntariamente, descubrió el trasfondo de este juicio fue la abogada de Estado, Rosa María Seoane. En el interrogatorio a Forn insistía, persistentemente, que Forn admitiera que había dado órdenes a los Mossos de no detener el referéndum, lo que este negaba con vehemencia afirmando que siempre había separado su ideología de su gestión al frente de los Mossos, sobre todo cuando éstos actuaban como policía judicial. «¡Yo no podría!», estalló Seoane. Esta es la clave: la representante del Estado en este juicio, que ocupó un cargo político en el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmó que ella no podría separar su ideología de su actuación profesional. Lo mismo que les pasa a los fiscales, los jueces instructores y los magistrados del Tribunal Supremo. Para ellos, la unidad de España es un dogma de fe. Atentar contra la unidad es el pecado más grande que se puede cometer, y se debe castigar de manera ejemplar. Y es igual que, para poder poner las penas máximas que permite la ley, deban inventar un relato de violencia que nadie más que ellos vio. Y ponen su ideología por encima del rigor profesional y por encima de la justicia.