La semana pasada fue noticia, tal vez deberíamos decir escándalo, el decreto del Gobierno de Extremadura que regula subvenciones para adquisición de muebles del hogar: sofás, cortinas, armarios, cómodas… Para tener acceso a la subvención el precio del mueble debe ser superior a 300 euros, la subvención será del 25 por ciento, con un máximo de 200 euros por cada mueble y hasta un máximo de 1.000 euros por peticionario.

Este diario publicó un magnífico estudio comparativo entre los datos económicos de Extremadura y Baleares. Con una población similar, Extremadura dispone de un presupuesto autonómico un 11% superior. Su gasto en educación es de 1.007 euros por habitante, frente a los 830 euros por habitante de Baleares; en sanidad el gasto es de 1.463 euros por habitante, frente a los 1.274 euros por habitante de Baleares. Con una deuda pública más de la mitad inferior al de Baleares, Extremadura se permite un nivel de gasto en servicios públicos muy superior a Baleares: ordenadores portátiles para cada alumno, ortodoncia gratuita… Ahora, además, vemos como el gobierno extremeño se permite subvencionar artículos que no entran en la categoría de imprescindibles (los muebles subvencionados deben valer más de 300 euros).

Todo esto no nos afectaría, más allá de producirnos cierta envidia, si no fuera porque buena parte de los recursos de los que dispone Extremadura los aportamos los ciudadanos de Baleares. Así es, la aportación anual de Baleares en el conjunto del Estado es de más de 3.000 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que recibe Extremadura de las arcas estatales. Es por ello que el decreto del gobierno de Extremadura que comentamos supone una bofetada para los ciudadanos de Baleares. Literalmente se nos puede aplicar el dicho: nos toman el pelo y el dinero.

Cuando algunos hemos planteado esta situación en instancias estatales se nos ha tratado de insolidarios, debido a que, dicen, en Baleares somos ricos. Esto podía ser cierto a principios de los años noventa, cuando éramos los primeros en el ranking de renta per cápita, pero ahora ya ocupamos el séptimo lugar. Y si tenemos en cuenta el diferencial de precios, nuestra renta per cápita en poder de compra ya es inferior a la media española. Pero, quisiera insistir en el concepto de riqueza que sirve para dejar al ciudadanos de Baleares a la cola en gasto público. Si partimos del dato de que el coste de la vida en Baleares es un 19% más caro que en Extremadura, ¿quién es más rico, un trabajador que cobra el salario mínimo en Baleares o en Extremadura?; ¿quién es más rico, un pensionista que cobra 800 euros en Baleares o en Extremadura?

Dicen que el dinero que se gana fácil se gasta fácil. Este dicho no sólo se puede aplicar al gobierno extremeño, sino a los sucesivos gobiernos españoles. El equivalente al gasto en sofás más caros de 300 euros serían los trenes de alta velocidad que viajan sin pasajeros entre pequeñas ciudades con estaciones de lujo; serían las autopistas radiales de Madrid sin vehículos, rescatadas por el Gobierno Central; serían los aeropuertos sin viajeros; serían las embajadas más lujosas para todo el mundo…

Hace pocos meses, el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno suspendió el decreto contra la pobreza energética de la Generalitat de Cataluña, con el argumento de que es inconstitucional por discriminar a los ciudadanos del resto de territorios del Estado. ¿Y ahora qué? ¿Subvencionar la energía de los pobres es inconstitucional, pero subvencionar los sofás de los ricos no? Porque en Extremadura también hay ricos que compran sofás caros subvencionados.

No sé ustedes, pero ¡yo ya estoy harto!