«La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial».
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS ISLAS BALEARES

Posteriormente a la promulgación del Estatuto de Autonomía, en 1986 el Parlamento de las Islas Baleares aprobó, por unanimidad, la Ley de Normalización Lingüística, la que, según establece en el artículo 1 «tiene por objeto desarrollar el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, en cuanto a la normalización de la lengua catalana, como propia de las Islas Baleares en todos los ámbitos…»

En 1990 el Gobierno de las Islas Baleares publicó el Decreto 100/1990 «regulando el uso de las lenguas oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». En la exposición de motivos justifica la promulgación de esta y otras normas «por la situación de desventaja social de la lengua catalana en relación a la lengua castellana…». Desgraciadamente, el fatídico presidente Bauzá lo derogó.

El mencionado Decreto era muy explícito a la hora de regular el uso de la lengua que deben hacer los altos cargos de la Administración autonómica. «Artículo 4.1. Los cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se expresarán normalmente en catalán en los actos públicos celebrados en las Islas Baleares, siempre que la intervención sea por caso del propio cargo».

Pues bien, hoy muchos consejeros del Gobierno incumplirían sistemáticamente este artículo. Cuántos altos cargos, directores generales, gerentes de empresas públicas… en sus intervenciones públicas, ruedas de prensa, entrevistas a medios de comunicación audiovisuales…, nunca utilizan la lengua propia de las Islas Baleares?

Y, de ninguna manera, no pueden argüir que los objetivos de normalizar el uso social de nuestra lengua se hayan alcanzado, después de siglos de prohibiciones y persecuciones. Por el contrario, es más necesario que nunca que las autoridades del país sirvan de ejemplo a los ciudadanos mostrando respeto por las leyes emanadas del Parlamento y las normas dictadas por el Gobierno del que tienen el honor de formar parte.

Lo mismo podríamos decir de todos los funcionarios públicos. En ningún país del mundo se da la circunstancia de que los trabajadores públicos puedan desconocer la lengua propia de los ciudadanos a los que sirven, como ha ocurrido con el personal de la sanidad pública de Baleares.

Una especial mención podríamos hacer de los trabajadores de la radio y televisión públicas, a pesar de que la programación sea casi toda en nuestra lengua. Pero algunas prácticas deberían corregirse, como preguntar a los entrevistados en castellano, y condicionar así la lengua de respuesta. O cambiar la lengua al castellano si el entrevistado contesta en esta lengua, aunque sea evidente que este comprende perfectamente las dos. Con esta práctica se transmite a los oyentes la subordinación de una lengua a la otra.

Nunca como en la actual legislatura se había producido tal relajación en el uso de la lengua catalana en nuestras administraciones. Sería muy oportuno que la mayoría parlamentaria reafirmase su compromiso con la normalización de la lengua propia. Igualmente, resultaría conveniente que el Gobierno volviera a promulgar un decreto similar y recordar a todos los miembros del Gobierno la obligación de cumplir las normas en materia del uso de las lenguas oficiales y que se divulgara entre ellos un sencillo manual de buenas prácticas lingüísticas.