Ahora le ha llegado el turno a Catalunya, pero las guerras o cacerías judiciales son desde hace tiempo una habitual estrategia criminal. Alguien tan autorizado como Ramsey Clark, principal artífice de la Ley de Derechos Civiles de los afroamericanos, primero como íntimo colaborador de Robert Kennedy y después, tras el asesinato de este, como attorney general (cargo equivalente al de nuestro ministro de Justicia) de Lyndon B. Johnson, llegó a decir: “Estados Unidos ha impulsado la creación de un tribunal contra sus enemigos en Ruanda. Esta forma de proceder no es otra cosa que hacer la guerra por otros medios”. Formuló perfectamente una doble verdad: la gran y criminal farsa que pueden llegar a ser los tribunales internacionales y la trágica mentira que sufre en concreto el pueblo de Ruanda. Una doble verdad que algunos conocíamos pero que no había manera de que fuese escuchada, ni siquiera por muchos de los supuestos especialistas en África, algunos de ellos, por cierto, catalanes.
Las guerras o cacerías judiciales no son nuevas pero ahora se han estructurado, sistematizado y sofisticado, como otras estrategias utilizadas por los grandes poderes globalistas. Poderes que, gracias a sus numerosos e influyentes medios de comunicación, siempre se ingenian para pasar desapercibidos mientras siguen avanzando en su proyecto de control y dominación mediante personajes interpuestos. En América Latina estas cacerías son en este momento una moda que está haciendo furor. Se están cobrando piezas -se está “descabezando”, diría nuestra admirable Soraya, presidenta actual de Catalunya- tan importantes como los presidentes Lula da Silva, Cristina Fernández, Dilma Rousseff…
“Casualmente”, todos ellos son incómodos para Estados Unidos. Mientras que Michel Temer permanece como presidente de Brasil a pesar de que las acusaciones por corrupción del fiscal general contra él son mucho más graves que las que sufre Dilma Rousseff, que no tienen nada que ver con corrupción ni enriquecimiento personal. Así que, ciertamente, estas cacerías son un instrumento decisivo en el cambio político que se está consiguiendo en ese subcontinente. En Catalunya no parece haber otra cosa que un Establishment Nacional empeñado en cortar cabezas independentistas. Pero creo que quienes solo vean eso no tienen la necesaria perspectiva internacional
Los independentistas catalanes han podido comprobar en carne propia durante estos últimos meses la arbitrariedad y la dureza de las medidas aplicadas por el poder judicial español. Un poder supuestamente independiente del poder ejecutivo. Medidas aplicadas, ante todo, contra las cabezas visibles del independentismo. Unas cabezas ya descabezadas, según la “corajuda” vicepresidenta del Gobierno. Cabezas descabezadas además, según presumió la “intrépida” Soraya (con las espaldas bien guardadas por ejércitos y fuerzas del orden), por un valiente y democrático cortador de cabezas independentistas llamado Mariano Rajoy. Se trata de una descarada y pública confesión (más bien una victoriosa proclamación) de que la separación de podres es solo una farsa. Que tal confesión no haya tenido consecuencia alguna judicial, política o tan solo mediática, es una prueba más de la arbitrariedad “democrática” en la que vivimos.
Pero de lo que no estoy muy seguro es de que muchos de los independentistas catalanes sean plenamente conscientes de qué es exactamente ese monstruo, esa guerra judicial a la que se enfrentan y se continuarán enfrentando en el futuro: no es ni más ni menos que la estrategia fundamental de sometimiento del pueblo catalán (sometimiento a un status incluso anterior al autonómico), ahora que ya no sería posible un sangriento “Alzamiento Nacional” como el de 1936, ni aunque fuese presentado como la legítima defensa de la Democracia (su “democracia”) y de la Constitución (su constitución). Las estrategias mediáticas crean el caldo de cultivo adecuado, pero el descabezamiento del enemigo lo lleva a cabo ahora la “Justicia”. La situación económica se podría normalizar e incluso mejorar en cuanto cese el acoso que sufre Catalunya y retorne la estabilidad, pero el verdadero golpe de Estado, mucho más serio que la propaganda y los embargos económicos, está llevándolo a cabo un poder judicial al servicio del verdadero Poder.
No estoy seguro de que muchos independentistas catalanes sean plenamente conscientes de que esta cacería judicial no se practica solo en Catalunya ni es responsabilidad exclusiva del Gobierno de derechas puras y duras que (con ayuda del socialismo) dirige España por los cauces debidos, sino de algo mucho más global, grave e importante: no es ni más ni menos que una elaborada estrategia surgida en aquello que Peter Dale Scott llama “el Estado Profundo”, con la inestimable ayuda los think tanks que están a su servicio.
La cacería de los “genocidas hutus” a la que se refería Ramsey Clark, ha descabezado a los líderes democráticos de la mayoría ruandesa (y ha desestabilizado el Congo), cuando ya no era posible el recurso directo al asesinato, como se hizo en su momento con el primer ministro congoleño Patrice Lumumba y más recientemente con cuatro presidentes de Burundi, Ruanda y Congo. La actual líder de la oposición ruandesa, Victoire Ingabire Umuhoza, hace más de siete años que malvive en las prisiones ruandesas acusada de negacionismo, porque reza no solo por las víctimas tutsis sino también por las hutus. Negacionismo que es un verdadero cajón de sastre en el que cabe todo, como aquí el delito de odio. No importa que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) haya dictado fallo a favor suyo en el proceso que la enfrenta al Gobierno del gran criminal Paul Kagame. Ni importa que el juez Fernando Andreu dictase en febrero de 2008 cuarenta órdenes de arresto contra otros tantos altos cargos del actual gobierno de Ruanda… Esta gentes que están pervirtiendo la Justicia Internacional o la Justicia en España siempre consiguen minimizar los elementos que van en contra de sus jefes y, por el contrario, avanzar en el descabezamiento de los oponentes.
Así han conseguido, por ejemplo, liberar de la noche a la mañana en Sudáfrica o Londres a varios generales ruandeses (de la lista de esos cuarenta imputados por la Audiencia Nacional española) que ya habían sido detenidos. Y por el contrario han logrado que hasta la misma ONU emitiese informes que nos acusaban, a nosotros los promotores de esa querella, de financiar a las guerrillas hutus en el Congo. Son manipulaciones de la Justicia, dirigidas desde Washington, que quedaron en evidencia en cinco cables de WikiLeaks. Manipulaciones como la sufrida por el mismo Julian Assange, también sin libertad desde hace casi seis años “gracias” a las consabidas acusaciones que pretendían descabezarlo, como se pretendía con nosotros. En su caso, acusaciones de acoso sexual. Acusaciones falsas que ya han quedado en evidencia. A pesar de lo cual, Julian Assange, ya sin cargo alguno contra él, sigue privado de libertad, mientras que aquellos cuyas fechorías fueron reveladas por WikiLeaks en decenas de miles de cables, continúan cometiendo crímenes con total impunidad.
Argentina es otro país en el que he vivido y que también me importa, aunque no haya tenido hacia él la dedicación que he tenido hacia Ruanda y el Congo. En los días del suicidio o asesinato del fiscal Alberto Nisman y de las manifestaciones en Buenos Aires con ese motivo yo estaba precisamente allí y pude seguir este caso de modo más cercano. Las acusaciones contra la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por sus supuestas responsabilidades en el caso del atentado terrorista contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas, me parecen otro claro caso de guerra o cacería judicial. Se trata de acusaciones de supuesta traición a la patria y de supuesto encubrimiento de Irán, el supuesto responsable del atentado -¡cuánto “supuesto”!-.
Ahora se pretende acusar a Cristina Fernández del asesinato del fiscal justo el día antes de que este se tuviese que presentar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para ser interrogado sobre los fundamentos de su denuncia. Se supone que el fiscal Nisman iba a acusar a la presidenta, pero de lo que no se habla es de los cientos de cables de Wikileaks publicados por el periodista Santiago O’Donell en los que se puede comprobar que el fiscal consulta a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires cada uno de sus pasos, pide autorización para los borradores de sus resoluciones, los corrige siguiendo las indicaciones de esta, le adelanta las medidas judiciales tanto de la fiscalía como del juzgado que entiende la causa AMIA, se disculpa ante la diplomacia estadounidense a la vez que ella le ordena seguir aún sin pruebas en la pista de la autoría de Irán, etc. Y tampoco se habla de que aquel día se presentaría seguramente con las manos vacías ante la Comisión. Si todo esto fue así, Nisman era mucho más útil a algunos asesinado (por la presidenta, por supuesto) que vivo.
¿Qué es lo que hacía Cristina Fernández por aquella época? Este es el encabezamiento de un artículo del diario El País del 18 de abril de 2015 (el fiscal Nisman murió el 18 de enero): “Tras acercarse a China viaja a Rusia para asociarse en el negocio petrolero”. Este es el título: “Cristina Kirchner cambia el eje de la política exterior”. Y este es el largo subtítulo: “La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, consolida su línea estratégica en política exterior con un viaje la semana que viene a Rusia. En febrero pasado ya fue a China, y mantiene su apoyo a Venezuela o sus vínculos con Irán”. Y por si la cosa no quedase aún suficientemente clara, este es el primer párrafo: “Pero Argentina se prepara para un cambio. Los asesores de Mauricio Macri y Sergio Massa, los dos candidatos fuertes de la oposición, han firmado un documento conjunto en el que prometen un giro radical para acercarse más a EE.UU. y la UE, y el entorno del candidato oficialista Daniel Scioli también apunta en privado hacia un giro”.
En una entrevista para Sputnik, la politóloga Silvia Romano denunciaba las actuales guerras o cacerías judiciales en las que se está utilizando una “fachada de derecho y legalidad” para culpar a un grupo o figura política importante “sin tener pruebas”. Con una planificada “articulación con los medios hegemónicos de comunicación el caso se instala en la sociedad. La prensa los presenta como culpables antes de que lleguen a los tribunales y se dé el debido proceso judicial”. Según la politóloga, Estados Unidos juega un papel fundamental en esto, ya que su Departamento de Justicia ha estado asesorando las reformas jurídicas en varios países latinoamericanos, a través de “agencias bilaterales” como la USAID. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto Puentes, que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato e involucrado en el juicio contra Lula. “Lo llamativo es que estos cursos no sólo se oculten a la población, sino que ni siquiera se informa sobre su existencia”, señaló Silvia Romano. Criticó además el “doble rasero” en las condenas a los funcionarios públicos y a los empresarios involucrados con pruebas en la corrupción como es el caso de Michel Temer en Brasil o Mauricio Macri en Argentina que quedan impunes.
Otra prueba de la importancia de esta guerra judicial está en la energía con la que se está neutralizando a aquellos jueces dignos e independientes que actúan en tribunales nacionales con competencia universal, como es el caso de la Audiencia Nacional española. Si acaso no fuesen suficiente prueba de ello los citados cables de Wikileaks (en los que quedan en evidencia las ya antiguas presiones estadounidenses -aunque aún no aparezcan las más recientes de China- para desactivar diversas causas abiertas en este tribunal), está también el reciente intento de eliminación de la jurisdicción universal por el Gobierno y la mayoría parlamentaria formada por el Partido Popular y el PSOE, intento que ha conseguido casi totalmente su objetivo.
Si ciertos expertos y medios de la sociedad catalana, que además de independentistas se consideran progresistas (de un progresismo demasiado al estilo de los falsarios Clinton y Obama -responsables de muchos de los crímenes contra la humanidad a los que me vengo refiriendo-, un progresismo demasiado a la moda anti Putin), hubiesen tenido más clara conciencia de la existencia de esta guerra judicial desplegada por “la comunidad internacional” (“Occidente” a las órdenes de Estados Unidos), la actual y tremenda ofensiva de la “Justicia” española quizá no hubiese encontrado tan desprevenidos a tantos independentistas ni los hubiese sorprendido tanto. Quizá haya que recordar ahora las famosas palabras del sermón del pastor luterano alemán Friedrich Martin Niemöller, que estuvo encarcelado en los campos de exterminio de Sachsenhausen y Dachau:
“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.
Los independentistas catalanes no podrán hacer gran cosa frente a una “Justicia” tan omnipotente e impune como la que están sufriendo. No hay otra alternativa que salir de su ámbito. Así que, en el debate que está en este momento al rojo vivo en Catalunya, el debate sobre la unilateralidad o la moderación, etc., mi opinión al respecto está bastante consolidada: no será posible para los independentistas catalanes avanzar en sus anhelos más profundos dentro de este marco, en el que una “Justicia” arbitraria al servicio del Poder hace y deshace cuanto le viene en gana y como le viene en gana. No creo que mahatma Gandhi hubiese reconocido una “Justicia” como esta, al igual que no reconoció ni las pretensiones que sobre la India tenía el Imperio Británico ni el marco legal que pretendía imponerle incluso en cuestiones tan cotidianas como la sal.
Ya empiezo a ser viejo y he visto demasiado. A veces me vienen recuerdos del periodo en el que acompañé en Euskadi a Adolfo Pérez Esquivel, que era el coordinador de la No violencia para toda América Latina en el momento en el que fue encarcelado por la Dictadura argentina. Le acompañé en varios de sus encuentros como mediador entre el Gobierno de Felipe González y ETA. Entonces escuché una frase hasta la saciedad: “Sin violencia se pude hablar de todo”. Eso prometían. Pero ahora ni tan solo conceden al pacífico vicepresidente Oriol Junqueras aquello que concedieron al diputado Juan Karlos Ioldi, acusado de pertenencia a ETA: salir de la prisión para participar en la elección del nuevo lehendakari en el Parlamento de Vitoria. Son gentes tramposas por naturaleza. No saben lo que es la dignidad. ¿Qué tipo de diálogo se podría tener con ellos? Quizá empiece a ser cada día más evidente que no existen mas que dos alternativas: o rendición y pérdida incluso de competencias autonómicas ya existentes y hasta de la dignidad o el relevo una y otra vez, al estilo gandhiano, de diputados imputados por una nueva fila de ellos, relevo al que acaba de referirse el diputado de ERC Antoni Castellà. Pero ante semejante dilema, a mi mente no viene otra cosa que aquellas palabras de Martin Luther King: “Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora”.