Las esperanzas que se gestaron con la recuperación democrática en 1983, tuvieron logros centrales en materia de justicia para sancionar los crímenes que perpetró el terrorismo de estado. En ese proceso hubo también claudicaciones, obediencias debidas e indultos, sin embargo el reclamo de justicia prevaleció y señalizó el camino del “Nunca Más”.

Sin embargo, esas prácticas de terrorismo de estado que considerábamos superadas volvieron a ejecutarse en Jujuy. La violencia institucional ejercida por el Gobierno de Gerardo Morales, para reprimir las protestas salariales de trabajadores, y los reclamos de tierras de los pueblos originarios, es un globo de ensayo de lo que pretende aplicar la derecha política y económica si ganan las elecciones nacionales.

El actual gobernador de Jujuy, candidato a la vicepresidencia junto a Horacio Rodríguez Larreta en la coalición de Cambiemos, ha establecido en Jujuy un virtual estado de sitio, con detenciones arbitrarias, allanamientos domiciliarios sin orden judicial por fuerzas policiales, acción de grupos parapoliciales y patotas civiles, detenciones en camionetas sin identificación pertenecientes a empresas vinculadas al gobierno que rememoran el falcón verde de la dictadura militar.

Morales utiliza y habilita los métodos de la dictadura militar, persecución ideológica y judicial para quienes disienten con su gobierno, la operación de grupos de tareas civiles para amedrentar, como fue el secuestro y tortura de la docente Camila Müller quien denuncia los daños sufridos. La policía jujeña dispara a los rostros de los manifestantes, con perdigones de goma, provocando la perdida de ojos a varios manifestantes, y el gobierno ha ordenado que no se atiendan los heridos por protestas en hospitales públicos.

La Autonomía a la Universidad Nacional de Jujuy fue avasallada al ser invadida por la policía jujeña para impedir una asamblea donde se iba a tratar el rechazo a la reformada constitución provincial. Se han detenido a docentes en el predio de la Universidad, todo lo cual rememora la tristemente célebre noche de los Bastones Largos de la dictadura de Onganía. Ojalá que el radicalismo se exprese en contra de estos avasallamientos en respeto a su tradición histórica.

El gobierno de la provincia impulsó y aprobó en trámite exprés una reforma parcial de la Constitución Provincial, donde no hubo voluntad de que puedan participar y ser escuchadas las diversas expresiones del pueblo de Jujuy.

La nueva constitución transgrede la Constitución Nacional y Tratados de Protección de los Derechos humanos, criminaliza la protesta social, habilitando multas y penas de prisión para quienes reclamen por sus derechos, lo cual evidencia la intención de imponer un régimen despótico represivo bajo fachadas democráticas.

La pretendida reforma contraviene el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que obliga a los estados firmantes a implementar una consulta previa, libre e informada para todo asunto que afecte la vida de los pueblos originarios. La Convención Constituyente jujeña incumplió este tratado que tiene rango constitucional.

Esa reforma habilita al gobierno provincial para avanzar sobre las tierras de los pueblos originarios, pasándolas como tierras fiscales con la pretensión de destinarlas a explotaciones de cualquier tipo. La apropiación ilegal de tierras de pueblos originarios lleva años, pero se ha intensificado bajo el Gobierno de Morales, que con la reforma constitucional queda habilitado para profundizar dicho proceso de despojo y avasallamiento para favorecer sus negocios de explotación y comercialización del litio, agua, minería y recursos naturales.

El gobierno de Jujuy ha subordinado y maneja a su antojo la justicia provincial en favor de los intereses del poder político y de las empresas. Se ha perdido el estado de derecho en la provincia, no hay garantías procesales. La indefensión ciudadana ante las arbitrariedades del poder político, debe ser denunciada en todos los ámbitos nacionales e internacionales.

Los organismos de DD.HH., docentes y muchas organizaciones sociales pidieron la intervención Federal a la Provincia de Jujuy. El Estado Nacional no puede ser un observador pasivo ante la violación deliberada de los derechos humanos por parte de un gobierno provincial.

A 40 años de democracia y vigencia de los DD.HH. en la Argentina con sus luces y sombras, no se puede retroceder en los derechos conquistados por el pueblo.

Ciertamente que tenemos desafíos pendientes como avanzar en realizar la justicia social. El pago de una deuda externa ilegítima, ha puesto un cepo permanente a nuestra democracia, las reformas neoliberales que han favorecido la concentración económica en pocas manos han desindustrializado el país y dejado en la pobreza persistente a amplios sectores de nuestro pueblo. Hoy representantes del poder económico apuestan a una megacrisis para facilitar ajustes brutales.

Las alternativas no pueden quedar en la opción por el mal menor. Entre quienes pretenden imponer fundamentalismos de mercado, ajustes salvajes con mano dura y quienes postulan un ajuste con rostro humano que no resolverán las injusticias existentes. Para cambiar la estructura regresiva de ingresos, hay que afectar intereses. Quienes han sido beneficiarios de las políticas de endeudamiento y fuga de capitales, han obtenido del estado subsidios para obtener rentas extraordinarias, quienes día a día suben precios basados en su posición monopólica privilegiada son quienes deben pagar los ajustes.

La Argentina está en campaña electoral y a 40 años de Democracia es un momento de análisis de las propuestas y proyectos en juego.

Asistimos desde hace un tiempo a campañas de candidatos más o menos fundamentalistas del mercado, con amplia cobertura mediática que despliegan discursos de violencia y odio, aplican una lógica amigo-enemigo, la lucha es total y absoluta para destruir al enemigo. Preocupa y enciendo las luces de peligro cuando el actual precandidato a presidente de Cambiemos, el actual Jefe de gobierno de la Ciudad de Bs. As., Horacio Larreta, dice: “al kichnerismo hay que destruirlo, para que no vuelva nunca más”. Los discursos de guerra no son neutros, ni dejan de tener fuertes impactos en la construcción democrática. Habilitan la violencia política, y no dejan de ser hechos que abonan acciones como el intento de magnicidio a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kichner en 2022.

En esta campaña electoral las diversas expresiones de derechas también compiten para restaurar el “orden”, que traducidas son la exaltación de la “mano dura”, represión estatal contra los reclamos populares de justicia social. Para la otra precandidata a la presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, el “poner orden” ya sabemos en que terminó, con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Para algunos /as candidatos/as todo vale, es el juego que reside en “la suspensión de conciencia” donde el objetivo es “destruir al enemigo” como en la guerra, dónde la Ética y los valores humanitarios no tienen lugar, que altera cualquier orden que se pretenda democrático.

El pueblo debe analizar qué proyectos se presentan para gobernar el país, si es el derecho y la libertad, o el miedo y sometimiento a gobiernos represivos y autoritarios donde la democracia y los derechos humanos están ausentes.

La democracia supone a la vez la deliberación, el diálogo, reglas de juego para dirimir conflictos, así como el protagonismo popular, la construcción de ciudadanías, para garantizar la realización del derecho e igualdad para todos/as.

El desafío pendiente esta en constituir Democracias participativas, dónde el pueblo tenga derechos constitucionales y jurídicos para controlar las políticas públicas y prevenir los abusos de poder de los gobernantes.

Hoy en Jujuy los pueblos originarios, los docentes y el pueblo todo, nos están enseñando la perspectiva del Buen Vivir, en la resistencia a un poder feudal despótico, y a los intereses de la oligarquía provincial y empresas transnacionales depredadoras.

Hoy como ejemplo para todo nuestro pueblo, las comunidades originarias y los trabajadores luchan por una democracia participativa, desde abajo, que se construye en asambleas, con la convicción que la dignidad y los derechos se defienden en las calles. Ese pueblo que gestó un Éxodo libertador frente a la dominación colonial, hoy se plantó en defensa de sus derechos, la democracia y el Buen Vivir. Nos solidarizamos con sus luchas y apoyamos su reclamo de “Arriba las Wiphalas, y abajo la Reforma inconsulta”.

Adolfo Pérez Esquivel: "Morales se ha transformado en un pequeño dictador provincial" (El Destape, 20.06.2023)