Los últimos informes de la ONU indican que la zona está ocupada por el ejército ruandés.  ¿Por qué seguimos cerrando los ojos y los oídos ante la inseguridad en el este de la República Democrática del Congo (RDC) cuando se conoce al responsable?

En 1997, el ejército de Paul Kagame, que acababa de conquistar Ruanda desde Uganda, siguió su camino invadiendo la RDC (Zaire en aquella época) con el pretexto de desmantelar los campos de refugiados hutus en el este del país, pero en realidad para derrocar el régimen del viejo mariscal Mobutu, una operación decidida por las superpotencias que confiaron esa misión a Kagame y su ejército tutsi. Este ejército persiguió entonces a los refugiados hutus por todo el vasto país con el objetivo de exterminarlos.

Uno de los oficiales encargados de ese sucio trabajo fue incluso nombrado «Jefe de Estado Mayor General de los Ejércitos del Congo» en Kinshasa, la capital que ni siquiera podía señalar dónde se encontraba en un mapa de África.

En 1998, después que su peón colocado a la cabeza del Estado congoleño manifestase su deseo de emanciparse, antes de su asesinato en 2001, las tropas tutsis se retiraron oficialmente de la RDC, pero en realidad se instalaron definitivamente en el este del país, principalmente en el Kivu Norte y Sur. A principios de 2021, estas tropas del ejército tutsi de Paul Kagame siguen allí e incluso operan abiertamente, ya que sus líderes no dejan de jactarse de ello (general Mubarak Muganga).

El último informe de los expertos de la ONU encargados de supervisar si se respetan las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con la seguridad en la RDC, incluido el embargo de armas, indica claramente que el ejército de Paul Kagame de Ruanda está ocupando y operando en el este de la RDC sin ningún mandato ni acuerdo con ese país.

Mientras tanto, los miembros del Parlamento Europeo (entre ellos los italianos) han adoptado una resolución en la que se pide a la Comisión Europea que exija al régimen ruandés el respeto de los derechos humanos y que estudie la conveniencia de adoptar sanciones contra Ruanda.

La reacción del régimen dictatorial de Paul Kagame fue virulenta y los parlamentarios ruandeses (en realidad meros agentes designados por Paul Kagame para sentarse en esa caja de resonancia que es el Parlamento del FPR), casi insultaron a sus «colegas» europeos.

En este clima nos enteramos con asombro de la muerte del embajador italiano en un ataque a su convoy el lunes 22 de febrero de 2021 en una carretera de la frontera con Ruanda.

Las primeras especulaciones sobre los probables autores de este ataque vinieron del gobernador del Kivu Norte. En su intervención, no miró lejos, sino que simplemente recurrió al reflejo habitual: señalar a los rebeldes hutus de las FDLR.

Pero un simple análisis y un razonamiento lógico podrían demostrar que este reflejo no debería prevalecer siempre, y menos especialmente en este caso.

Empecemos por hacer la pregunta básica con la que todo investigador serio comienza: ¿Quién se beneficia del crimen?

Al asesinar a un representante de un país miembro de la Unión Europea cuyos parlamentarios han demostrado que no toleran los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos del régimen ruandés, este mismo régimen lanza una severa advertencia a la Unión Europea.

Al atacar un convoy que pasaba por la zona controlada por las tropas del régimen, pero que afirma falsamente que es el escondite de sus enemigos, las FDLR, el mismo régimen ruandés justifica su presencia permanente en el este de la RDC con el pretexto de perseguir a las FDLR. Y el asesinato del diplomático italiano sirve de poderoso argumento capaz de acallar a quienes aún dudan de la necesidad de que las tropas tutsis de Paul Kagame ocupen el este de la RDC in aeternum. ¡Así que dos pájaros de un tiro!

De lo anterior se desprende que el rastro que conduce al régimen ruandés debe ser tan prioritario como el que conduce a los grupos armados durante las posibles investigaciones sobre este enésimo crimen cometido en el este de la RDC.

Fuente: The Rwandan