Hace dos semanas comentaba la sentencia absolutoria de los directivos de Sa Nostra acusados ​​de administración desleal y apropiación indebida. En mi artículo titulado Víctimas de la Fiscalía afirmaba que la quiebra de Sa Nostra, y de la mayoría de cajas de ahorro, no se debió a una mala gestión de los administradores, sino a una operación calculada, aprovechando la crisis financiera mundial, para cargarse el sistema de cajas de ahorro y pasar el negocio a los principales bancos. Tal vez la imagen de Rodrigo Rato arrestado por la policía y luego condenado por su gestión en Bankia por las famosas «tarjetas black» haga dudar de mi afirmación. ¡Y claro que hubo malas praxis en muchas cajas!, pero de ninguna manera esto justifica que de las 45 cajas de ahorro que existían en el año 2010 sólo hayan sobrevivido dos: Caixa Colonya y Caixa Ontinyent, ni que en 2014 ya se habían cerrado más de 6.000 de las de 14.663 oficinas existentes, ni que se perdieran el 33 por ciento de los empleados con más de 41.000 puestos de trabajo destruidos.

Para explicar este auténtico tsunami que arrasó el sistema de cajas hay que remontarse al año 2009 en el que las cajas superaron a la banca en cuota de créditos (ya hacía años que la superaban en cuota de depósitos), y aquí se encendieron las alarmas. La crisis financiera mundial sirvió para justificar una serie de medidas, iniciadas por el gobierno del PSOE y finalizadas por el gobierno del PP, que perseguían los resultados obtenidos.

La normativa del Banco de España establecía el coeficiente de solvencia de las entidades financieras en el 8%. En la práctica, el coeficiente entre los recursos propios y los riesgos ponderados debía ser superior al 2%. Para que nos entendamos, por cada 100 euros de riesgo, la entidad debía disponer de 2 euros de recursos propios. Pero, por Real Decreto-ley 2/2011 el coeficiente de recursos propios pasó de la noche a la mañana al 8% para los bancos y al 10% para las cajas. Esta norma era de imposible cumplimiento inmediato para muchas de las cajas ya que no podían hacer ampliaciones de capital, como hacen los bancos. Estaban obligadas a solicitar la ayuda del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

El Real Decreto 2/2012 estableció un plan de saneamiento del sector financiero para cubrir los activos en situación de riesgo que obligaba a dotar al 80% del suelo y al 65% de las promociones en curso. A continuación la ley 9/2012 y el Decreto 1559/2012 obligaron a las cajas con participación del FROB a traspasar los activos inmobiliarios a sociedades para la gestión de activos (banco malo). Pero, lean bien, el traspaso se tenía que hacer por el 20% del valor del bien. Es decir, un inmueble valorado en 100 debía haberse dotado con 80 con la ayuda del FROB y después se traspasaba por 20 a la SAREB. ¿Podemos hablar o no de un expolio?

En el caso de BMN, resultado de la fusión de Sa Nostra con Caja Murcia, Caixa Penedès y Caja Granada, en 2013 valía 2.530 millones de euros. Para la posterior fusión con Bankia, en el año 2017 se valoró en 730 millones de euros. La gestión del FROB supuso la pérdida de 1.800 millones de euros en cuatro años.

Mientras que otros países, como Alemania que conserva 390 cajas de ahorro, salvaron el sistema de cajas con medidas para devolverles la solvencia, España optó por hacerlas desaparecer traspasando su negocio a los grandes bancos. Por el camino se han perdido miles de millones de euros, puestos de trabajo (7.000 más por la fusión de Bankia con La Caixa), numerosas oficinas, una obra social que llegó a más de 2.000 millones de euros anuales; además de la pérdida de una banca de proximidad (ahora hay poblaciones sin ninguna oficina bancaria ni cajero). Todo gracias a la conjura entre las élites políticas y económicas españolas.

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