El nuevo presidente boliviano Luis Arce está investigando a varios excargos que sirvieron a su predecesora Jeanine Áñez. Se les acusa de corrupción o de ser responsables de masacres. Docenas de ellos huyeron de Bolivia hacia Estados Unidos y Brasil para evitar ser procesados, mientras que otros ya han sido arrestados. Los que huyeron de Bolivia se dirigieron principalmente a Estados Unidos, según la Policía Nacional.

Aunque el mandato de Áñez fue breve, sólo un año en realidad, muchos de su administración están siendo investigados por corrupción, así como por las masacres y actos represivos cometidos al inicio de su mandato después del golpe contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Como resultado, 37 partidarios de Evo fueron asesinados en protestas callejeras, supuestamente por la policía y el ejército. Sus familiares siguen reclamando justicia y por ello la Asamblea Legislativa Plurinacional está llevando a cabo un juicio contra el gabinete de Áñez por crímenes de lesa humanidad. Cuando su gobierno firmó el Decreto 4078, dio rienda suelta a las fuerzas de seguridad para reprimir a la población, e incluso matar, sin tener que rendir cuentas.

En la actualidad, los mayores fugitivos son el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el exministro de Defensa Luis Fernando López. Ellos estuvieron detrás de muchos de los actos violentos cometidos contra el pueblo y no esperaban ser reemplazados por Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo, después de las elecciones del 18 de octubre. Murillo se encargó de la coordinación con la policía y López con las Fuerzas Armadas. Huyeron de Bolivia el 5 de noviembre, tres días antes de que terminara el gobierno de Áñez, y se les acusa de haber comprado agentes químicos para las fuerzas policiales con una prima de 2 millones de dólares. Tomaron el vuelo FAB-046 hacia Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, por donde cruzaron a pie, según la policía boliviana.

Por esta razón, tres funcionarios de inmigración fueron detenidos. Marcel Rivas, ex director de Migración, está acusado de haber facilitado la fuga de Murillo y López. Una vez detenido, Rivas tuvo que enfrentarse a más cargos porque, según el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el ex director emitió ilegalmente 495 denuncias migratorias contra políticos, periodistas, empresarios y otros opositores de Áñez.

El exviceministro de Gobierno Javier Issa está en Estados Unidos, según la Policía Nacional. Está acusado de participar en el robo y quema del libro del servicio militar de Evo. En febrero, Patricia Hermosa, la abogada de Evo, fue detenida cuando llevaba consigo varios documentos personales del ex presidente que quería inscribirse como candidato al Senado. Sin embargo, Murillo ordenó que se quemara el expediente militar del ex presidente, que le fue quitado a Hermosa, para excluir a Evo de la candidatura.

En los últimos días, el abogado Rolando Cruz denunció a la ex ministra de Comunicaciones Roxana Lizárraga por delitos de «sedición, conspiración, terrorismo, organización criminal y otros». Como prueba, Cruz presentó siete videos filmados antes y después del golpe. El abogado comentó que tenía información de que Lizárraga ya estaba en Estados Unidos.

Apenas asumió el cargo, Arce cambió la dirección de la policía y las Fuerzas Armadas que apoyaban a Áñez y nombró al coronel Johnny Aguilera como nuevo comandante de la Policía Boliviana.

«Sabemos que los exdirigentes están en Estados Unidos. No conocemos su situación y no sabemos las actividades que están desarrollando», dijo el jefe de la policía.

Al criminalizar al MAS, atacar al bloque nacional popular y reprimir a las fuerzas progresistas de Bolivia, el gobierno de Áñez pensó que reduciría el apoyo al partido político socialista. Se equivocaron, ya que el mayor problema para los bolivianos es reorganizar la economía que fue arruinada por el gobierno de Áñez. Por su errónea creencia de que el pueblo quería el neoliberalismo y toleraría la corrupción, el gobierno de Áñez ahora está luchando por escapar de Bolivia hacia Brasil o Estados Unidos para evitar ser procesado.

La propia Áñez fue arrestada tratando de escapar de su provincia natal de Beni, en los límites del Amazonas, para entrar en Brasil.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro intenta tomar como modelo al presidente estadounidense Donald Trump y lleva a su país a convertirse en un baluarte estadounidense en América Latina. Aunque Trump ha rechazado los intentos de Bolsonaro de convertirse en un amigo cercano, el presidente brasileño insiste en convertir a su país en ultraconservador con el apoyo de las iglesias evangélicas vinculadas a Estados Unidos y en implementar una economía hiperneoliberal, y esto naturalmente lo pone en contra de las fuerzas progresistas de la región.

Debido a esta visión del mundo, el fortalecimiento de la cooperación entre los gobiernos neoliberales pro-estadounidenses en América del Sur ha sido una gran prioridad para Bolsonaro. Sin embargo, esto encontró un gran obstáculo después de la restauración de la democracia en Bolivia, ya que la administración de Áñez confió en el apoyo de Estados Unidos y de los estados vecinos pro-estadounidenses para su legitimidad. No es de extrañar que ahora estén huyendo o intentando huir de Bolivia hacia Estados Unidos y Brasil para evitar ser acusados de corrupción y crímenes contra la humanidad.

Aunque Estados Unidos y Brasil están aceptando a exdirigentes del gobierno de Áñez y han sufrido una pérdida geopolítica con la restauración del gobierno del MAS, es poco probable que se involucren en más acciones subversivas para socavar y desestabilizar Bolivia, al menos a corto plazo. Con el probable ascenso de Joe Biden a la presidencia el 20 de enero, la mayoría de los estados están esperando el momento de ver cómo una nueva presidencia de Estados Unidos posicionará su política hacia América Latina. Aunque Trump estuvo muy involucrado en los intentos de golpe de estado en Venezuela y tuvo una participación en el exitoso golpe de estado en Bolivia, no hay ninguna indicación todavía de que una administración Biden continúe con tales políticas.

Tampoco hay ninguna indicación de que Biden se oponga a las operaciones de cambio de régimen en Sudamérica, que es probablemente la razón por la que los ex dirigentes bolivianos se sienten lo suficientemente cómodos como para huir a Estados Unidos. Mientras Bolsonaro siga gobernando Brasil, la oposición política boliviana seguirá teniendo un refugio vecino, lo que significa que aunque no haya bendición de Estados Unidos, las fuerzas neoliberales y conservadoras de Sudamérica pueden continuar su campaña de desestabilización en todo el continente con el respaldo de Brasil.

Fuente: InfoBrics