Hace ya demasiados años que, al igual que su hermano El País, la Cadena SER lleva a cabo una verdadera guerra sucia contra el pueblo sirio. Bajo la excusa de liberarlo del déspota, lo que en realidad está haciendo es contribuir (y nada menos que como cooperador necesario, ya lo veremos otro día) al holocausto de un pueblo que votó masivamente al presidente Bashar al-Ásad. Un presidente a quien, a pesar de ese apoyo masivo de su pueblo, el Occidente “liberador”, erigiéndose en dispensador de legitimidades, decidió un día criminalizar para eliminarlo a continuación del mapa mundial. No importa que, a pesar de competir con otros candidatos que eran de la cultura mayoritaria en Siria, casi un 70% de sirios (un 88,7% de los votantes en unas elecciones de participación masiva) apoyasen en junio de 2014 a lo que en Occidente se califica despectivamente como “régimen”. Y en esa deslegitimación de los “déspotas” que deben ser eliminados y en tanta “comprensión” hacia los recientes “conflictos” internacionales (en realidad proxys wars, verdaderas agresiones imperiales aunque subsidiarias) no hay últimamente diferencias entre los intelectuales conservadores de siempre y muchos nuevos intelectuales progresistas.

Así, podíamos leer hace unos días en un artículo sobre los orígenes históricos del yihadismo y el Estado Islámico, publicado en un medio digital progresista de nuestras islas, la siguiente frase clave: “La clave de todo es que estos nuevos gobiernos (por ejemplo, los de Siria e Irak, donde gobierna el partido Baaz, panarabista e izquierdista) tendrán una evolución dictatorial de prácticas corruptas, nepotismo y represión”. Todo lo cual justifica al parecer que, coincidiendo una y otra vez con la agenda imperial, se recurra a países tan “democráticos” como Arabia Saudí para que financie las hordas de fanáticos asesinos salafistas que deben imponer los derechos humanos tanto en África como en el Medio Oriente ampliado. Se trata de una agenda no solo bélica sino ante todo mediática. Y consiguen siempre que nos ocupemos en hablar y escribir sobre los” gravísimos” crímenes de aquellos “regímenes” sobre los que ellos han decidido que se hable y se escriba, aunque no sean ni mucho menos los más graves existentes en el mundo. Si los analistas españoles que recomiendo a veces son poca cosa para dichos intelectuales de nuestro entorno, podrían leer a otros internacionales como Tim Andersom (en especial su magnífico artículo “Por qué los sirios apoyan a Bashar al Assad”) o John Pilger (con artículos tan definitivos como el titulado “Por dentro del gobierno invisible: guerra, propaganda, Clinton y Trump”), entre muchos otros.

Es penoso comprobar como aquella cadena que uno escuchó desde su adolescencia se ha convertido (como ya antes ocurrió en anteriores proxys wars imperiales) en cooperador necesario para el holocausto de un pueblo que sabe bien que el presidente que fue votado masivamente, hasta por sus críticos, es el garante que ha impedido y sigue impidiendo que Siria (una país laico en el que convivían perfectamente las más diversas religiones y colectivos) haya sido convertido ya en el mismo infierno en el que antes convirtieron a Libia. Un infierno en el que los más diversos grupos de mercenarios fanáticos de decenas de nacionalidades, utilizados en su momento por el Occidente liberador, campan a sus anchas, convirtiendo a Libia, a la Libia que antes era el país africano de más alto nivel de vida, en un territorio sin orden ni ley. Así como en un vivero, tan cercano a nosotros, de fanáticos terroristas, tal y como Muamar Gadafi predijo que ocurriría.

Esta semana la Cadena SER ha llevado a cabo uno de sus ataques más sucios contra el pueblo sirio. Ha realizado un gran despliegue “informativo” sobre aquello que ha calificado como la “Primera querella contra las torturas y ejecuciones masivas del Estado sirio”. La iniciativa la suele llevar El País, pero esta vez la ha tenido la SER. Según dicha Cadena: “La querella se presenta en la Audiencia Nacional por la hermana española de un ciudadano sirio detenido de forma ilegal y ejecutado por el régimen de Bashar Al Asad. El texto se dirige contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y la inteligencia sirias por un delito de terrorismo de Estado. En Siria hay más de 117.000 desaparecidos y 11 millones de refugiados o desplazados, la mitad de la población. La denuncia se basa en el archivo Cesar: un fichero con más de 50.000 fotografías de aproximadamente 6.000 cadáveres que han sido víctimas de la tortura en Siria, tomadas en centros de detención ilegal por un policía militar que desertó y en la actualidad vive oculto en Francia”.

¡Qué distorsión más rastrera! Por obra y gracia de la magia de una propaganda que la sociedad no sabe diferenciar de los hechos reales, el “régimen” sirio se convierte así de facto (nada de “presunción de inocencia” y otras sutilezas escrupulosas), esta vez por vía judicial (una vía ni siquiera aún real, sino tan solo supuesta o prevista), en el responsable de decenas de miles de víctimas mortales y millones de refugiados. Y todo gracias al extrañísimo archivo Cesar, tan sospechoso e incierto como ya antes lo fueron el dossier sobre la gran mentira de los más de trescientos bebés asesinados en Kuwait por les tropas de Sadam Husein (al ser arrojados -decían- fuera de sus incubadoras) o el dossier sobre las inexistentes armas de destrucción masiva que convertían a Irak en un enorme peligro para la humanidad. Dossiers que, una vez logradas las correspondientes deslegitimaciones, dieron paso a las “intervenciones” internacionales “liberadoras”. Dossiers que tan solo son dos ejemplos de los muchos que podrían ser citados.

Y todo esta rastrera distorsión se consigue gracias no solo a dicho archivo Cesar, sino especialmente a su judicialización. Se consigue gracias a una querella (tan solo presentada) que, tras la práctica eliminación de la jurisdicción universal española por el PP y el PSOE, tendrá un encaje casi imposible en la Audiencia Nacional y en el sistema jurídico español vigente en la actualidad. A no ser que se cuente previamente con fiscales y/o jueces dispuestos a “colaborar” con la Administración estadounidense en impulsarla con los métodos y por las vías que haga falta. “Colaboración” con Estados Unidos que en el caso Ruanda-Congo o en el caso Couso (una colaboración “negativa” en estos casos, una colaboración para obstaculizarlos) salió a la luz gracias a diversos cables de WikiLeaks que fueron publicados en español por el diario 20minutos, a pesar de que había sido El País el que los había recibido gracias al acuerdo especial entre Julian Assange y dicho diario. El hecho de que en el programa “Hoy por hoy”, de máxima audiencia nacional, que tanto ensalzó la citada querella, se comentase que esta tenía el importante apoyo del embajador especial estadounidense para los crímenes de guerra, ya dispara todas las alarmas. Pero estas cuestiones las dejaremos para la próxima semana, para la segunda parte de este artículo.

En 1999, en mi encuentro en New York con Ramsey Clark, este attorney general (ministro de Justicia) del presidente Lyndon B. Johnson y artífice de la Ley de Derechos Civiles de los negros hizo la misma afirmación que repitió luego públicamente otras veces: “Estados Unidos ha impulsado la creación de un tribunal contra sus enemigos en Ruanda. Esta forma de proceder no es otra cosa que hacer la guerra por otros medios”. Más aún que el Tribunal para la antigua Yugoslavia, el otro tribunal penal internacional ad hoc, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, ha sido de hecho un medio formidable para  que Estados Unidos estableciera de modo inamovible quienes son los “buenos” en la amplia y riquísima África Central (la minoritaria y elitista gente del Frente Patriótico Ruandés, los gendarmes de Estados Unidos en esa región) y quienes son los malos (la gran e “inmanejable” mayoría hutu).

Recuerdo una vez más que la fiscal general para ambos tribunales, la jurista suiza Carla del Ponte, fue desalojada por Estados Unidos de su importante cargo en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en el mismo momento en el que intentó juzgar a un solo tutsi del Frente Patriótico Ruandés, tal y como explicó en su libro La caza: yo y los criminales de guerra. Rusia, por su parte, se acaba de retirar el pasado 16 de noviembre de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, por causa de esa misma parcialidad impuesta por Estados Unidos. Una gran potencia, la estadounidense, que paradójicamente ni firmó el Estatuto de dicho Tribunal ni participa en él. La querella contra el “régimen” sirio de la que hoy me he ocupado es, desde luego, la continuación de la guerra por medios judiciales. Pero es, tanto o más aún, el medio para algo aún más importante: la campaña y la propaganda de la Cadena SER contra el sufrido pueblo sirio.