Durante el debate de investidura de la semana pasada, Mariano Rajoy, en las réplicas a los representantes de los partidos catalanes, insistió en una afirmación repetida innumerables veces: todos los españoles son iguales. Con este argumento pretendía descalificar las aspiraciones de los partidos soberanistas o de quienes, simplemente, defienden el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. ¿Pero es así? ¿Realmente todos los españoles son iguales?

Si lo miramos en el aspecto económico, es evidente que determinados ciudadanos del Estado están gravemente discriminados, como es el caso de los ciudadanos de Baleares, Cataluña y Valencia que recibimos hasta un 30 por ciento menos de recursos para financiar las mismas competencias autonómicas que tenemos transferidas. Lo mismo nos ocurre si analizamos las inversiones y el gasto estatal por comunidades autónomas, otra vez los mismos ocupamos los últimos lugares. Por no hablar de las grandes inversiones en alta velocidad que conectan pequeñas ciudades de provincia con la capital, mientras que Valencia y Barcelona tienen una conexión ferroviaria obsoleta, los trenes de cercanías de Cataluña sufren innumerables retrasos o el Estado prácticamente no hace ninguna inversión ferroviaria en Baleares. Y así, podríamos seguir analizando la ejecución de los presupuestos generales del Estado para comprobar cómo, en todos los casos, los ciudadanos de los territorios de habla catalana somos los que recibimos menos recursos del Estado, mientras que, con nuestros impuestos, somos los que más contribuimos a financiar la fiesta en que se han convertido los AVE,s, los aeropuertos sin viajeros, el agujero negro de Barajas o las autopistas radiales de Madrid, entre otras jaranas.

Por otra parte, si lo miramos desde el punto de vista cultural y lingüístico, es evidente que unos españoles son más iguales que otros. La misma Constitución española establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos de conocer el castellano, llamada lengua española, mientras que el resto de lenguas del Estado, que por lo que hemos visto no se consideran españolas, son de conocimiento voluntario. Así, el Estado, con nuestros impuestos, gasta grandes cantidades en la promoción interior y exterior del castellano, mientras pone todos los obstáculos posibles a la plena normalización lingüística en nuestros territorios. Ahora, una vez más, con la excusa del trilingüismo, los monolingües españoles nos querrán recortar la enseñanza en catalán a los bilingües, como ya ocurrió en Baleares durante la infausta legislatura de José Ramón Bauzá.

Es evidente, por tanto, que no todos los españoles son iguales. Y, precisamente de esta desigualdad nacen las ansias independentistas de muchos ciudadanos de estos territorios, que se consideran discriminados culturalmente y castigados económicamente. Hoy, una amplia mayoría de catalanes consideran que Cataluña es una nación, y defienden el derecho a decidir libremente su futuro. Esta realidad nunca la han querido abordar los partidos políticos españoles, hasta que Cataluña ha dicho basta, cansada de intentar modernizar un Estado que no quiere ni puede modernizarse.

Sánchez fué la primera víctima, al querer ser investido presidente prescindiendo de una cuarta parte de los diputados, los que están comprometidos con el derecho a decidir. Rajoy ha caído en el mismo error, haciendo el mismo pacto que Sánchez con Ciudadanos, que no le daban los votos suficientes. Y ahora se tiran los trastos a la cabeza, el PP contra Sánchez, el PSOE contra Rajoy, Ciudadanos contra todos, mientras los ciudadanos son espectadores del peor sainete español. ¡Ay, pobre España!

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