«Todos los tribunales penales internacionales se han convertido en herramientas de propaganda para perpetuar el dominio occidental de África al demonizar a los líderes africanos que se atreven a ser unos líderes independientes o a tomar medidas para lograr la soberanía de los recursos».
La Corte Penal Internacional (CPI) propaga una injusticia tan dura como la esclavitud o el apartheid sudafricano. Es un tribunal occidental que procesa exclusivamente a africanos. En junio de 2011, la CPI participó en una de sus cruzadas imperiales más impactantes acusando al presidente libio Muamar el Gadafi y a su hijo Saif al-Islam Gaddafi por crímenes contra su propio pueblo. La OTAN afirmó que las acusaciones justificaban la destrucción de Libia con una campaña de bombardeo aéreo, y la CPI no acusó a un solo comandante de la OTAN.
Ni el histrionismo de Samantha Power sobre los libios cometiendo genocidio ni la descabellada doctrina de la «responsabilidad de proteger» de la ONU podrían disfrazar el verdadero objetivo de la OTAN. Gadafi había propuesto una Unión Africana más asertiva con una política monetaria diseñada para liberar a África de los depredadores económicos neocoloniales, por lo que Gadafi tuvo que morir. El banco nacional y la compañía petrolera de Libia murieron con él, al igual que lo último que quedaba de la credibilidad de la CPI, un instrumento para proyectar el poder imperial occidental.
Ahora, seis años después, la fiscal Fatou Bensouda ha anunciado que investigará a los funcionarios de Burundi por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante los últimos tres años de disturbios civiles en el país.
Burundi es una pequeña nación del este de África de 11 millones, la quinta más pobre del mundo, y se está inclinando hacia el este, construyendo alianzas con Rusia y China. Está geoestratégicamente situada, limita con Ruanda al norte, Tanzania al este y la enormemente rica en recursos de la República Democrática del Congo al oeste. Una empresa rusa ganó el contrato para explotar sus reservas de níquel, que probablemente sea su recurso más valioso. Los funcionarios dijeron que la firma rusa ofreció mejores términos que sus competidores occidentales.
En mayo de 2015, Rusia y China bloquearon una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para censurar al presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, por buscar otro mandato, el segundo o el tercero, dependiendo de la interpretación que uno haga de la constitución de Burundi. El embajador de Rusia ante la ONU, el ahora fallecido Vitaly Churkin, dijo a los periodistas: «No es asunto del Consejo de Seguridad ni de la Carta de las Naciones Unidas involucrarse en asuntos constitucionales de estados soberanos».
Cinco meses después, el 27 de octubre de 2016, Burundi notificó a la CPI que tenía la intención de retirarse de la jurisdicción de la corte de conformidad con la voluntad de su Parlamento. Completó el proceso un año después, el 27 de octubre de 2017, cuando se informó ampliamente que Burundi se había convertido en la primera nación en abandonar la CPI. Ahora, sin embargo, un comunicado de prensa en el sitio web de la corte indica que la autorización para la nueva investigación se emitió bajo sello el 25 de octubre, dos días antes de la salida de Burundi, y que el gobierno está legalmente obligado a cooperar.
Le pedí a John Philpot, abogado de defensa criminal internacional y coautor de la antología «Justicia contra el crimen: las escalas desequilibradas de la justicia penal internacional», para comentarlo.
John Philpot: Este es solo otro episodio vergonzoso en la historia de la CPI. En junio de 2011, el tribunal acusó al presidente libio Muamar el Gadafi y a su hijo Saif al-Islam Gadafi por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad para ayudar a la OTAN a encubrir la guerra de agresión que estaba librando en Libia. Esa guerra comenzó a principios de marzo y finalizó a fines de octubre, cuando el presidente Gadafi fue asesinado con la bendición de la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien dijo: «Lo quiero muerto», y luego se rió: «Vinimos, vimos, murió». Asesinar a un prisionero de guerra es un crimen de guerra, según la Convención de Ginebra, pero la CPI no se preocupó por eso.
Varios meses después de que la OTAN comenzó a bombardear Libia, las tropas francesas invadieron Costa de Marfil para apoyar a un lado en una disputa electoral. El 11 de abril, arrestaron al presidente Laurent Gbagbo, a su esposa y a un ministro.
El Sr. Gbagbo es una figura muy interesante. Obtuvo su doctorado en la Universidad Paris Diderot y, en la década de 1980, se desempeñó como Director del Instituto de Historia, Arte y Arqueología Africana en la Universidad de Abidjan. Ayudó a fundar el Frente Popular de Costa de Marfil, un partido político, y se comprometió a modernizar el país mediante la construcción de infraestructura para el transporte, la comunicación, el agua potable y la energía limpia. Antes de la guerra de la OTAN contra Libia, había estado colaborando con Gadafi en la creación de una moneda y una política monetaria africanas.
En noviembre de 2011, fue transferido a la CPI, donde su juicio por presuntos crímenes de lesa humanidad durará hasta 2022.
Hay una ola de oposición a este tipo de dominación judicial por parte de la CPI en toda África. Sudáfrica, Gambia y Burundi dijeron que planeaban retirarse, pero Burundi es el único que presentó un aviso y completó el proceso legal.
La oposición africana a las acometidas de la CPI para obligar a Burundi a regresar ha sido contundente. El presidente de Uganda, que es el actual presidente de la comunidad del este de África, y el presidente de Tanzania han denunciado la investigación.
Es un intento feo y peligroso de desestabilizar y destruir al gobierno de Burundi, pero el gobierno es fuerte y está unido, y creo que África también se unirá contra esto.
Burundi se ha resistido valientemente a la agresión neocolonial durante algunos años. El 13 de mayo de 2015, los elementos del ejército burundés de inspiración occidental intentaron un golpe de Estado, pero la mayor parte del ejército permaneció leal y el golpe fracasó. Luego Burundi se enfrentó a incursiones transfronterizas desde la vecina Ruanda, un viejo aliado y socio militar de Estados Unidos.
En diciembre de 2015, en respuesta a la presión occidental, la Unión Africana propuso una fuerza militar de 5000 hombres para ocupar Burundi como «pacificadores». Burundi respondió que esto equivaldría a una invasión y que respondería militarmente. La Unión Africana recobró la razón y rechazó la idea en enero de 2016.
Este año, el gobierno de Burundi parecía estar respirando, y los burundeses incluso celebraron su nueva libertad de la CPI el 27 de octubre, pero luego la fiscal Fatou Bensouda anunció que la nueva investigación había sido autorizada dos días antes.
Bensouda inició la investigación por sí misma, «propriu motu», no sobre la base de una denuncia del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) o de los estados partes en el tribunal. Rusia, China o ambos sin duda habrían vetado cualquier esfuerzo por presentar una queja del CSNU.
El fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, inició los juicios de la CPI contra Uhuru Kenyatta y otros líderes políticos de Kenia, que estuvieron plagados de falsos testimonios inspirados por ONG. Se colapsaron después de causar estragos en la vida política de Kenia.
Burundi ha declarado que no cooperará ni permitirá que los investigadores de la CPI entren al país y que rechaza directamente la jurisdicción de la corte. Necesitará apoyo contra la escalada de propaganda y satanización.
AG: Vi que Human Rights Watch ya ha aplaudido la investigación.
JP: Sí, pero Burundi ha declarado que comenzará una campaña internacional para poner fin a la CPI, y deberíamos apoyar eso.
AG: El presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, nunca han sido investigados por la CPI y probablemente nunca lo serán porque han sido tan leales a sus benefactores occidentales, pero sus horrendos crímenes en Ruanda y la República Democrática del Congo han sido bien documentados por muchos años. Sin embargo, no creo que la CPI apunte a ninguno de ellos, ¿verdad?
JP: Personalmente, no estoy de acuerdo con que Kagame o Museveni sean juzgados por la CPI. Deberían ser juzgados en sus propios países por los gobiernos que los reemplacen, o por un tribunal penal africano si se creara uno.
AG: Hemos informado aquí sobre el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos que ahora escucha la apelación de la prisionera política ruandeda Victoire Ingabire sobre su condena y sentencia de 15 años, pero eso no es un tribunal penal. ¿Podría explicarnos cuál es su ámbito?
JP: El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos puede escuchar los casos derivados de la Carta Africana de Derechos Humanos y Libertades y otros instrumentos de derechos humanos. También puede dar opiniones consultivas. Para los países que otorgan jurisdicción a la corte, podríamos considerarla como un tribunal de apelación final. No es un tribunal penal el que puede procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o guerras de agresión.
AG: ¿Hay algún esfuerzo en curso para crear un tribunal penal africano continental?
JP: Sí, el 27 de junio de 2014, el Protocolo de Malabo sobre Enmiendas al Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos adoptado por la Unión Africana estableció un Tribunal Penal africano completo para los juicios por crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos, e incluye un proceso de apelación completo. El Protocolo entrará en vigor después de la ratificación de 15 estados miembros. Hasta la fecha, creo que nueve países han firmado el protocolo y ninguno lo ha ratificado. Este tribunal podría tener un futuro interesante si establece su independencia de las agendas no africanas.
AG: La gente me ha estado preguntando sobre la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿Podría explicarnos su ámbito y cómo fue eclipsado por los tribunales penales internacionales, incluida la CPI, el TPIY y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda?
JP: La Carta de la ONU define a la Corte Internacional de Justicia como la principal rama judicial de las Naciones Unidas. Todos los estados miembros soberanos de la ONU son automáticamente partes. Resuelve disputas legales entre estados y proporciona opiniones legales a agencias específicas y a la Asamblea General de la ONU, y es muy respetada, pero no tiene jurisdicción penal. Puede dictaminar sobre el derecho internacional y otorgar daños y perjuicios a partes perjudicadas como Nicaragua, que argumentó con éxito que Estados Unidos había violado su soberanía, el primer principio de la ley internacional, al apoyar la Guerra de la Contra contra el gobierno revolucionario en la década de 1980.
Encontrar otro mecanismo de aplicación para tales juicios es otro problema aún no resuelto. Estados Unidos ignoró la sentencia de la CIJ y se negó a pagar los daños y perjuicios otorgados a Nicaragua, así como Uganda ignoró la sentencia de la CIJ de que había violado la soberanía del Congo y se negó a pagar daños y perjuicios por invasión y saqueo.
El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR) y el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY) fueron una corte ad hoc impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar los crímenes cometidos durante las guerras de Ruanda y la exYugoslavia. Estas fueron guerras imperiales y las cortes imperiales diseñadas para crear estados subordinados al imperio, en su mayoría de hecho imperio estadounidense, y la CPI ha servido al mismo propósito.
Ni Rusia ni China resistieron a estos tribunales, porque Estados Unidos era tan dominante después del colapso de la Unión Soviética, pero están usando su poder de veto para resistir ahora. Es por eso que Estados Unidos no pudo lograr que el Consejo de Seguridad aprobara resoluciones condenando a Burundi o a Siria o enviando una queja contra la CPI.
Todos los tribunales penales internacionales se convirtieron en herramientas de propaganda para perpetuar la dominación occidental de África demonizando a cualquier líder africano que se atreviera a ser un líder independiente o a dar pasos hacia la soberanía de los recursos.
AG: En su ensayo «La CPI y Afganistán: el juego de los crímenes de guerra continúa», su colega Christopher C. Black escribió: «Estados Unidos, aunque no es miembro de la CPI, ha establecido su influencia dominante en el personal del tribunal para que él y sus aliados canadienses y de la UE controlen efectivamente su maquinaria, lo más importante, la fiscalía, la administración y la selección de los jueces. «¿Puede confirmarlo?
JP: El señor Black tiene razón. Nos encontramos con estadounidenses en todas partes en estos tribunales, aunque sus propios ciudadanos son inmunes a enjuiciamientos. Varios fiscales estadounidenses se convirtieron en embajadores generales de los Estados Unidos en asuntos de crímenes de guerra, a saber, Pierre Richard Prosper, Stephen Rapp y John Clint Williamson, y ninguno parecía avergonzarse de la impunidad otorgada a los Estados Unidos. En realidad, parecían orgullosos del excepcionalismo estadounidense.
AG: Después de que se anunció la nueva investigación, leí «La nueva investigación sobre Burundi de la CPI: ¿hacia dónde se dirige el tribunal?» por el profesor de Derecho de Harvard Alex Whiting. Su biografía dice que de 2010 a 2013 fue «Coordinador de Investigación y luego Coordinador de Procesamiento en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, supervisando todas las investigaciones y procesamientos en curso en la Oficina».
JP: Es un ejemplo perfecto de cómo los EE. UU. controlan la corte.
AG: ¿Cuál es el futuro de la CPI? ¿Alguna esperanza de reforma?
JP: No. La impunidad para los poderosos será la regla mientras exista este tribunal. Tony Blair nunca será acusado por crímenes de guerra en Irak, a pesar de que el actual líder de su propio partido, Jeremy Corbyn, ha pedido su enjuiciamiento.
El tratado que creó al tribunal, el Estatuto de Roma, propuso que finalmente podría imputar y procesar crímenes contra la paz, también conocidos como guerras de agresión, una vez que fueron definidos y los estados miembros aceptaron la definición. Pero nunca han sido definidos y nunca lo serán porque Estados Unidos y sus aliados occidentales controlan la corte y no quieren aterrizar en el banquillo.
Burundi ha dado un paso en el camino para superar esta grotesca dominación judicial y establecer un ejemplo para el resto de África y el mundo. Más ONG de derechos humanos se unirán pronto a Human Rights Watch para denunciar su retirada de la CPI y su negativa a cooperar con la nueva investigación. Entonces tendremos que dar un paso al frente para explicar por qué están equivocados.
An Garrison es una periodista independiente con base en el Área de la Bahía de San Francisco. En 2014, recibió el Premio Victoire Ingabire Umuhoza por la Democracia y la Paz, por sus informaciones sobre el conflicto en la región de los Grandes Lagos africanos. Puede contactarse con ella en ann@kpfa.org.
John Philpot es un abogado defensor penal internacional y coautor de la antología «Justicia denegada: las escalas desequilibradas de la justicia penal internacional». Puede ser contactado en johnrphilpot@gmail.com.