La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales unos determinados artículos del Decreto de declaración del Estado de Alarma ha levantado ampollas, una más que añade leña al descrédito de la alta judicatura española. Lo primero que sorprende es el tiempo que se han dado para resolver una cuestión de tanta trascendencia. Es curioso que para suspender a un presidente de la Generalitat por haber colgado una pancarta, los tribunales sólo necesiten unos días, y para salvaguardar nuestros sagrados derechos ciudadanos hayan esperado que la alarma haga ocho meses que esté superada. Y no puedo ni quiero entrar en más valoraciones sobre la sentencia porque soy un profano en la materia, pero sí que me permitiré opinar sobre el porqué del descrédito de las altas instancias judiciales españolas.

Buena parte de la culpa corresponde a los partidos políticos mayoritarios que han maniobrado para situar a personas afines en el Tribunal Constitucional, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, hasta el punto de que, en la actualidad, el PP tiene bloqueada la renovación de los miembros que llevan años con su mandato caducado. Y como en estos partidos les importa más colocar a personas afines políticamente más que por su trayectoria profesional, es evidente que esto a la larga tiene consecuencias. Pondré un ejemplo:

Una parte de los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas es propuesto por los parlamentos autonómicos y es ratificado por el Consejo General del Poder Judicial. La ley establece que estos miembros deberán ser «juristas de reconocido prestigio», pero no dice que tengan que provenir de la carrera judicial, sino que basta con que sean simples abogados. El caso es que a finales de los años noventa el Parlamento de las Islas Baleares eligió una terna para renovar a los miembros que habían cumplido su mandato, entre los que el PP propuso a un abogado conservador, Antoni Montserrat, de confianza del que fue presidente del Govern, Jaume Matas. Y, he aquí que estalló uno de los casos de corrupción más sonados de la historia de Baleares, el «caso Formentera», un caso de captación de votos de emigrantes de Baleares en Sudamérica por el PP, utilizando empresas públicas del Gobierno para financiar la operación. ¿Y sabéis a quien tocó la instrucción del caso? Así es, al juez por elección, no por carrera, Antoni Montserrat. Años más tarde, tras la exculpación de Jaume Matas y del resto de altos cargos imputados, Antoni Montserrat, a propuesta del Partido Popular, fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sin comentarios.

Con este ejemplo casero (imaginaos como pueden ir las maquinaciones en la capital del Reino), quiero dejar en evidencia dos de las causas que provocan la mala calidad de la Justicia española: la politización de buena parte de los miembros de los altos tribunales, claramente de ideología predemocrática, que piensan que ellos son el último reducto para defender las esencias españolas, y la baja profesionalidad de determinados magistrados que no ocupan el lugar gracias a sus méritos, sino por su afinidad política con los que les ha propuesto. Ambas cosas las han puesto de manifiesto reiteradamente los Tribunales europeos.

Y queda una mención al Tribunal de Cuentas, que no es un Tribunal, sino un grupo de expolíticos, la mayoría del PP, que colocan en el Tribunal a sus familiares (más de cien entre los setecientos empleados), que nunca han investigado ninguno de los casos de corrupción, y que ahora embargan bienes de dirigentes y funcionarios de la Generalitat.

Ni en Cuba creo que sean tan descarados.

Pere Sampol (1951) ha sido diputado muchos años del grupo parlamentario del Partido Socialista de Mallorca en el Parlamento de las Islas Baleares. Fue vicepresidente del Consejo Insular de Mallorca (1995-1999), vicepresidente y consejero de Economía, Comercio e Industria del Gobierno de las Islas Baleares (1999-2003) y senador por el Parlamento de las Islas Baleares (2007-2011). Ha sido director de la Fundació Emili Darder. Ha colaborado con Joan Carrero y la Fundació S’Olivar en acciones en favor de la verdad y la justicia en el África de los Grandes Lagos.

Es autor de tres libros: España no tiene remedio. Un mallorquín en el Senado (2011), El fracaso de España. Un horizonte para Cataluña, una esperanza para Baleares (2013) y El proceso catalán con ojos mallorquines (2018).

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